EL PATRIMONIO COMO MOTOR DE EMPLEO

 

FRANCISCO MANUEL Espejo / DIARIO CÓRDOBA 05/02/2012

Crisis, crisis y más crisis, ella tiene la culpa. Que si recortes en sanidad, que si recortes en educación, que si reducimos los salarios, privatizamos esto, lo otro- ¿y qué pasa con el Patrimonio? ¿Acaso no existe? ¿Qué pasa con todos esos castillos, palacios, iglesias, murallas, etcétera, que viven en la mísera ruina? Ellos son los que forman parte del programa electoral invisible, aquello que no se contempla, pero que, sin duda, es aquello que puede generar una riqueza en su puesta en valor. Allá en el siglo XIX, Mendizábal primero y Madoz más tarde, llevaron a cabo una de las desamortizaciones más importantes de la historia con el fin de expropiar aquellos bienes con cuya venta se pudieran recaudar fondos para el Estado. Con dichas desamortizaciones se produjo un fuerte debate y lucha con la Iglesia, pues poseía la mayor parte del patrimonio español, duros enfrentamientos que duraron hasta bien entrado el siglo XX.

En pleno siglo XXI, azotados por una crisis generada por la "burbuja" inmobiliaria, es momento de pensar que el futuro de España no es el ladrillo, sino la conservación de nuestro patrimonio. Cientos de parroquias, ermitas, castillos, etcétera, de Castilla, Aragón, Galicia, Andalucía, etcétera, se están viniendo abajo ante la impotencia de sus vecinos y sus ayuntamientos, pues no poseen los medios necesarios para restaurarlos. Es momento de colaboración ciudadana y de las instituciones, en este caso, de la Iglesia (u otros) y del Estado. Es momento de ser realistas y prácticos. Si dichas parroquias no se usan porque están deterioradas y se van a venir abajo ¿por qué no desamortizarlas mediante convenio y restaurarlas para darle un nuevo uso? Mediante un convenio acordado entre ambas partes, se podría desamortizar un bien eclesiástico durante un tiempo prudencial estimado. En dicha transacción el Estado recaudaría una parte resultado de la operación realizada y, finalizado el convenio, la Iglesia (u otra institución) recuperaría su patrimonio, en esta ocasión restaurada. La empresa o propietario adjudicatario se beneficiaría de la propiedad durante los años acordados, restaurando el edificio y dándole un nuevo uso, sin desvirtuar su estado original y siempre que su finalidad fuera acorde con el continente, en este caso, el edificio. Es el caso de muchas parroquias, palacios, monasterios, etcétera, que han sido convertidos en hoteles de lujo, salones de conferencias, cafeterías, zonas de ocio, etcétera, en otros países.

Las ventajas, además de las anteriormente mencionadas, son muchas otras. Además del fondo que el estado percibiría de dicho convenio, se daría trabajo al sector de la construcción, esto es, albañiles, peones, peritos, arquitectos, aparejadores, restauradores, conservadores, historiadores, fontaneros, electricistas, carpinteros, etcétera, de forma directa y, de forma indirecta, a todos aquellos proveedores como empresas de materiales de construcción y de hostelería. Una vez terminada y consolidada la obra de restauración, los beneficios no acabarían ahí, sino que irían más allá. El uso que se le daría al edificio generaría multitud de empleos. En el caso de que un palacio, por ejemplo, se destinase a un hotel, se daría empleo a camareros, limpiadores, administrativos, cocineros, pinches, técnicos de conservación, etcétera, y de forma indirecta a todos aquellos proveedores que suministrasen productos a la empresa en cuestión.

Por otra parte, daría vida a una zona rural, a un municipio, o a una barriada de una ciudad, con todo lo que ello conlleva. Toda una cadena de ventajas que generaría empleo y riqueza, a la vez que se recuperaría nuestro patrimonio, testigo de nuestra historia, de nuestra memoria como pueblo.

En nuestra provincia de Córdoba aún hay mucho patrimonio por el que luchar, en el que invertir. Si nos damos una vuelta por la provincia, podemos ver la cantidad de edificios nobles, eclesiásticos y lugares históricos en los que las administraciones públicas no pueden hacer nada por su recuperación, pues no tienen los fondos necesarios para invertir en ellos. Edificios vacíos y sin uso. Es el caso de Fernán Núñez y su Palacio Ducal, una de las construcciones civiles más importantes de Córdoba, una joya neoclásica de la segunda mitad del siglo XVIII. Sus dimensiones y su estado lamentable hacen imposible que su consistorio pueda enfrentarse a su restauración, estimada en unos tres millones de euros. Con una nueva ley de "desamortización", por ejemplo, el edificio propuesto saldría a subasta al mejor postor durante equis años acordados por ambas partes. Ello supondría la rehabilitación del continente, sin desvirtuar su original y dándole un uso acorde al mismo, dando riqueza laboral y económica a la zona. Finalizado el contrato, el municipio recuperaría su edificio restaurado, sin coste alguno. De desarrollarse esta ley, supondría una gran fuente de ingresos para el Estado y una buena carta de presentación para el turismo nacional e internacional y todo ello con la publicidad más barata: el valor histórico y cultural del monumento como alojamiento. El patrimonio, señoras y señores, puede ser un gran motor para regenerar nuestra economía. 
Fuente:  
http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/el-patrimonio-como-motor-de-empleo_694192.html